TODO TIENE UN LIMITE

Todo tiene un límite

La sabiduría popular enseña que todo tiene un límite. En efecto, la naturaleza misma a veces lo impone, la racionalidad en ocasiones lo define o el ser humano y el ciudadano lo exigen cuando su paciencia se agota.

Nadie que haya conocido cualquier ciudad de países desarrollados y que, por lo mismo, cuentan con un sistema de transporte masivo y colectivo adecuado, integrado por metro, trenes de cercanías y buses, podría resistirse a la idea de contar en Bogotá con un sistema de metro. Y quienes no conocen esas ciudades, pero saben de su existencia, también sueñan con un sistema de transporte decente y acogedor.

Pero esa no es la discusión. La discusión es otra: cuáles son las prioridades, cuáles las soluciones urgentes, cuáles las políticas públicas aun no concluidas, cuáles los recursos invertidos y hoy en franco riesgo de pérdida o deterioro, cuáles los recursos reales con que se cuenta y cuáles los beneficios de la nueva obra (lo que los expertos llaman relación costo-beneficio) y, por último, cuáles las contraprestaciones para la Nación y cuáles los beneficiarios de la utilización de los bienes de uso público si, como se supone, se tratará de contratos de concesión.

Cualquier obra de semejante magnitud y complejidad (técnica y económica) requiere de una planeación seria, comenzando por un Plan de Ordenamiento Territorial que defina lo esencial y lo básico de la ciudad que se quiere y de los sistemas de movilidad que se requieren.

Hasta hoy no existe en Bogotá un POT que incorpore el sistema metro como de antemano lo exige la ley, en desarrollo de elementales principios de orden constitucional. Resulta insólito que el Concejo de Bogotá no haya asumido el tema con el rigor y la seriedad que demanda y que las autoridades de Planeación Distrital guarden silencio,

De allí que sea entendible el malestar del alcalde Moreno Rojas con el documento Conpes, que condiciona los aportes de la Nación al cumplimiento de la legalidad en todos los órdenes y a la contratación y ejecución de estudios técnicos y económicos, pues los existentes son insuficientes e incompletos y otros no existen a pesar de su obvia necesidad, y a pesar también de los más de veinte mil millones de pesos pagados a los consultores por los estudios recientes.

Justamente por eso la importancia de que personas ajenas a cualquier interés, como fue el caso de los equipos validadores de las universidades Nacional y de los Andes, y sus pares de reconocidas universidades extranjeras, hayan opinado sobre los documentos puestos a su consideración.
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El empeño del Alcalde Mayor en avanzar en la contratación y construcción del metro sobre las bases actuales es más que una irresponsabilidad. Y la ciudadanía, la misma que padece los efectos del caos existente y de la corrupción visible alrededor de las obras públicas de Bogotá, y los organismos de control y la justicia tendrán que poner los límites si se insiste en desconocer cualquiera de los condicionamientos impuestos por el Conpes para autorizar los aportes de la Nación, o si se insiste en hipotecar de por vida el presupuesto de la ciudad para construir una sola línea de metro que según todos los entendidos no es útil, ni es la adecuada, ni favorecerá a quienes más la requerirían.

La nueva dirección del DNP, en su condición de Secretaría Técnica del Consejo de Política Económica y Social, deberá estar vigilante también, pues las decisiones de su antecesor y que sirvieran de soporte al documento Conpes fueron las más sensatas y las más racionales con la ciudad y con el país.

* Ex Vicefiscal General de la Nación 

Adolfo Salamanca Correa*